29 de abril de 2016

Tráeme tu medalla, que quiero una foto

Han pasado días, meses y años de llantos, sufrimiento y emociones. Ilusiones y proyectos, goles y brazadas al agua, y finalmente, como por arte de magia, los resultados llegan. Además de los otros muchos que no llegan. Y sin querer casi, nos damos cuenta de que tenemos a siete u ocho deportistas listos para representarnos en los primeros Juegos Olímpicos que sucederán en Sudamérica, y todos ellos con marca mínima, clasificados por derecho propio.
Y de repente, nos damos cuenta de que estamos a tres meses de la cita cultural más importante de la humanidad, que ocurre cada cuatrienio. A 100 días de esas jornadas en las que se desplaza de la sobremesa al clima, a las marchas y huelgas, a la inflación y al querido  Wilstermann.  Esos días en los que bares, oficinas de burócratas, revistas y mesas de café se pasean, cual recorrido exótico, por los deportes más recónditos e inusuales. El pentatlón moderno, la lucha grecorromana, el lanzamiento de disco, piragüismo o el bádminton pasan a importarnos, e incluso a removernos emociones. Y los bolivianos, a última hora –como ya es un clásico–, tratamos de comprender por qué nunca hemos podido meter a uno de los nuestros en el podio. Por qué si Polonia lleva a 300 deportistas, Bielorrusia 250 y Japón 450, nosotros apenas tenemos siete deportistas y 20 dirigentes engrosando la delegación.
Son esas jornadas en las que también nos cuestionamos si toda esa inversión de cemento y césped artificial han valido la pena. Y si realmente necesitamos y queremos un representante en lo más alto del podio. Y es bueno cuestionarnos todo eso; el problema radica en que quienes toman las decisiones relevantes en materia deportiva hagan este ejercicio también cada cuatro años. O quizás ni eso.
¿Soy desconfiado por anticipar esto? Quizás. No tengo motivos para pensar lo contrario, precisamente cuando la evidencia nos demuestra que a todos nos gusta conversar y sacarnos fotos con esos atletas que están en la cresta de la ola ahora, pero que poco nos interesan –su vida y problemas al día siguiente del evento--, cuando tenemos el ch´aki deportivo.
Nos es indiferente que esta gente –sí, gente, no personajes de telenovela-- quizás dentro de tres meses y un día no tenga cómo pagar una cita en el dentista, y que haya diferido su maternidad/paternidad en busca de una medalla o de un récord que caducó tan rápido como pasó el desfile de clausura. No nos afecta que ellos hayan terminado su carrera deportiva prácticamente analfabetos por culpa de sus decisiones y de un sistema que no valora las capacidades intelectuales de un deportista, más que para no arremeter contra la dirigencia. El deportista se habrá sacrificado por voluntad propia, pero pasada la fiesta nadie se acordará que no tuvo acceso a calidad educativa y no importará si tiene cómo afrontar su vida laboral a partir de sus 30 años, con un conocimiento tan mal valorado en el mercado laboral como es la fisiología deportiva, si es que llega a eso.
Y si el ente público es incapaz de asumir estas responsabilidades, deberá ceder campo de acción al sector privado en una relación de corresponsabilidad, como ya se ha comenzado a hacer, pero con mayor decisión, para lo cual no nos cansaremos de repetir la necesidad de una Ley de Mecenazgo.
Así como este semestre estamos viviendo el periodo más fértil en cuanto a resultados individuales en el último cuarto de siglo en Bolivia, valdría la pena entender la situación con mayor amplitud. Ni esta decena de deportistas han tenido estas mejoras por decisiones de corto plazo, ni por haber sembrado cemento.
Los principales responsables de estos éxitos son ellos mismos, sus familiares, y sobre todo, sus entrenadores. Esos señores que son la parte más vulnerable de la cadena, y que siguieron su ilusión, sin importar las subvenciones y promesas. Y que en las siguientes semanas, deberán soportar, incómodos, un aluvión de flashes, y mordiéndose la lengua concentrarán su prioridad en aquellos atletas que están a punto de vivir el evento de sus vidas. Estamos a 100 días: nuestros mejores deseos.

15 de abril de 2016

Cine latinoamericano: inclusión a la fuerza


La ceremonia de los Óscar 2016 dejó varios temas de debate abiertos. Uno de ellos, quizás el más explotado por los gags cómicos, fue el de la inclusión de las “minorías”, pues había una manifiesta escasez de artistas afroamericanos entre los nominados.
Hace medio siglo, se veía al bahameño Sidney Poitier, primer actor afroamericano en ganar el Óscar al mejor actor, como una verdadera excepción, algo anecdótico. Él seguramente no se imaginaría que las producciones que en estos últimos tres años ganaron el premio a mejor dirección en los Óscar –Gravity, Birdman y The Revenant– fueron dirigidas por cineastas latinoamericanos, que forman parte de una industria que emplea a más de 115.000 personas en la región y que aporta 5.400 millones de dólares en ingresos en 2013, según un reciente estudio de EY.
También este año se llevó el Óscar al mejor cortometraje de animación la película chilena Historia de un oso, y en la categoría de mejor fotografía  el mexicano Emmanuel Lubezki, por su contribución en The Revenant, repitiendo premio por segundo año consecutivo. Colombia metió por primera vez en su historia a una candidata al Óscar con El abrazo de la serpiente. Y unas semanas antes se llevó un Globo de Oro Gael García Bernal y estuvo nominado Pablo Larraín, por su largometraje El Club.
De acuerdo con datos publicados por la Motion Pictures Association of America, entre 2009 y 2013 los países latinoamericanos registraron el crecimiento más alto a nivel mundial en taquilla, con un 78%, pasando de 1.700 a 3.000 miles de millones de dólares, lo que significó un incremento en la taquilla mundial del 5,78% al 8,35%, especialmente porque México, Brasil y Argentina se ubicaron entre los 15 países del mundo que generaron mayores ingresos.
Estos datos son una pequeña muestra de lo que los artistas hispanos son capaces de hacer, y del hambre por el séptimo arte en la región. Lo mejor de todo es que estos creativos no sólo hacen películas y obras de teatro, sino que son capaces de impactar con nuevas soluciones disruptivas a los desafíos de América Latina y el Caribe. Hoy no es extraño para nadie la circulación de capitales, talento e innovación.
El cine latinoamericano pasa por un momento dulce en términos creativos, pero no podemos quedarnos atrás. Necesitamos algunos avances más en políticas públicas encaminadas a crear ecosistemas creativos.
Los trofeos en certámenes de relumbrón no son indicadores reales de gestión pública eficiente –ejemplo de ello es la ausencia de hispanos en la competición oficial de Cannes esta semana–, sin embargo hay que disfrutarlos mientras duren.
Cantinflas, uno de los primeros en lograr cosas importantes en Hollywood, estaría orgulloso de ver a sus compatriotas Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón impactando de esa forma al epicentro audiovisual mundial, y más todavía de ver cómo América Latina le cuenta al mundo sus propias historias, viviendo de ello. La inclusión en la élite planetaria se la han ganado a pulso.

1 de abril de 2016

Mecenazgo con los mecenas


En una multitud de ocasiones, algunos tomadores de decisiones y gestores, desde la atalaya de sus cargos públicos y sus centros culturales, han alimentado el debate bizantino acerca de quién debe tomar la iniciativa de financiación del sector cultural y creativo entre el Estado o el sector privado, como si fueran excluyentes.
La tradición grecolatina nos ha acostumbrado a esperar el primer movimiento desde el ente público, y ello es necesario, aunque no suficiente.
Estas ideas me vienen a la mente esta semana justamente, en que se ha discutido en La Paz sobre la nueva ley del cine, un sector maltratado históricamente. También la semana pasada en los premios nacionales de cultura Eduardo Abaroa se vieron consignas a favor de una nueva ley de culturas.
Uno de los temas más espinosos y relevantes es –y ha sido– el presupuestario. Tradicionalmente se habla de la asignación de recursos desde el ente público, en este caso, el Ministerio de Culturas. Sin embargo, esta recurrente conversación no sólo sucede en el ámbito del cine, sino de la cultura, el arte, las industrias creativas, y va más allá todavía. Llega a centros de pensamiento e  investigación, a organizaciones deportivas, educativas, religiosas, de ayuda humanitaria y a asociaciones civiles sin ánimo de lucro.
Por más que parezca una obviedad el repetirlo, los pesos deben venir de todas partes. Del Estado, como tutor y garante de los derechos culturales –no como juez inquisidor de la estética nacional– y, sobre todo, de la sociedad civil y del sector privado, verdaderos motores del tejido social.
Ello no implica darle la manija cualitativa al mercado, ni mucho menos. Significa más bien dotar de capacidad de decisión, responsabilidad en la gestión y descentralización en la toma de decisiones. Atribuciones que un gobierno no puede contener, por más grande y apto que sea para la gestión.
Pero para que la platita sea algo más que calderilla, se necesitan normas e incentivos. Sin una Ley de Mecenazgo que transgreda a una Ley de Culturas y llegue al resto de actividades de interés público que el mercado no es capaz de satisfacer –los llamados bienes públicos–, no se lograrán sinergias que logren modificar el sistema tributario y de asignación de recursos. Hasta que esas fuerzas se unan –la unión es la fuerza dice nuestra moneda–, estaremos siempre a merced de inclinaciones políticas –con sus velocidades y rezagos–, de poderosos lobistas y de los movimientos mastodónticos de los funcionarios, acaso los más lentos actores del reparto. Y esto no debe ser antagónico a un modelo participativo y consultivo que converse con los actores interesados.
Se debe ver el denominado Tercer Sector –aquel que no es privado exclusivamente ni público– como un universo mucho más relevante y dotarle de autonomía recaudatoria.
El mecenazgo es aquella acción de protección o ayuda dispensadas a una actividad cultural, artística o científica. Llegó la hora de que le demos un empujón a la acción misma, y se proteja al protector.