1 de abril de 2016

Mecenazgo con los mecenas


En una multitud de ocasiones, algunos tomadores de decisiones y gestores, desde la atalaya de sus cargos públicos y sus centros culturales, han alimentado el debate bizantino acerca de quién debe tomar la iniciativa de financiación del sector cultural y creativo entre el Estado o el sector privado, como si fueran excluyentes.
La tradición grecolatina nos ha acostumbrado a esperar el primer movimiento desde el ente público, y ello es necesario, aunque no suficiente.
Estas ideas me vienen a la mente esta semana justamente, en que se ha discutido en La Paz sobre la nueva ley del cine, un sector maltratado históricamente. También la semana pasada en los premios nacionales de cultura Eduardo Abaroa se vieron consignas a favor de una nueva ley de culturas.
Uno de los temas más espinosos y relevantes es –y ha sido– el presupuestario. Tradicionalmente se habla de la asignación de recursos desde el ente público, en este caso, el Ministerio de Culturas. Sin embargo, esta recurrente conversación no sólo sucede en el ámbito del cine, sino de la cultura, el arte, las industrias creativas, y va más allá todavía. Llega a centros de pensamiento e  investigación, a organizaciones deportivas, educativas, religiosas, de ayuda humanitaria y a asociaciones civiles sin ánimo de lucro.
Por más que parezca una obviedad el repetirlo, los pesos deben venir de todas partes. Del Estado, como tutor y garante de los derechos culturales –no como juez inquisidor de la estética nacional– y, sobre todo, de la sociedad civil y del sector privado, verdaderos motores del tejido social.
Ello no implica darle la manija cualitativa al mercado, ni mucho menos. Significa más bien dotar de capacidad de decisión, responsabilidad en la gestión y descentralización en la toma de decisiones. Atribuciones que un gobierno no puede contener, por más grande y apto que sea para la gestión.
Pero para que la platita sea algo más que calderilla, se necesitan normas e incentivos. Sin una Ley de Mecenazgo que transgreda a una Ley de Culturas y llegue al resto de actividades de interés público que el mercado no es capaz de satisfacer –los llamados bienes públicos–, no se lograrán sinergias que logren modificar el sistema tributario y de asignación de recursos. Hasta que esas fuerzas se unan –la unión es la fuerza dice nuestra moneda–, estaremos siempre a merced de inclinaciones políticas –con sus velocidades y rezagos–, de poderosos lobistas y de los movimientos mastodónticos de los funcionarios, acaso los más lentos actores del reparto. Y esto no debe ser antagónico a un modelo participativo y consultivo que converse con los actores interesados.
Se debe ver el denominado Tercer Sector –aquel que no es privado exclusivamente ni público– como un universo mucho más relevante y dotarle de autonomía recaudatoria.
El mecenazgo es aquella acción de protección o ayuda dispensadas a una actividad cultural, artística o científica. Llegó la hora de que le demos un empujón a la acción misma, y se proteja al protector. 

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